+ Fuente: elpais.com
Los manifestantes piden al Ayuntamiento y a la Generalitat que rehabiliten el barrio marinero y abandonen el proyecto de prolongar una avenida hasta el mar a costa de más de 450 edificios.
La exigencia de que se rehabilite el barrio marinero de El Cabanyal en Valencia y no se realice la prolongación de la avenida que amenaza con destruir una trama urbana de indudable interés arquitectónico ha congregado hoy a miles de vecinos. La manifestación, en la que han estado representantes de todos los partidos políticos a excepción del PP, ha transcurrido con el lema "El Cabanyal es nuestro y lo queremos entero y vivo" por las principales calles del barrio.
La plataforma vecinal Salvem El Cabanyal-Canyamelar ha cifrado los asistentes en más de 30.000, número que la Policía Local de Valencia ha rebajado hasta los 3.000. Durante el recorrido, los vecinos han portado carteles alusivos a la pretensión de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de expoliar el patrimonio de los valencianos para realizar una operación especulativa en un barrio que actualmente tiene un enclave privilegiado junto al mar y los principales campus universitarios de la ciudad.La portavoz municipal socialista, Carmen Alborch, ha indicado que la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez, por encima del barrio de El Cabanyal, es innecesaria y ha instado al PP a rehabilitar el barrio. Representantes de Esquerra Unida, Compromís y otras organizaciones políticas y sindicales también se han sumado a la convocatoria.
El teniente de alcalde, Alfonso Grau, del PP, ha calificado la manifestación de "bochornoso espectáculo protagonizado por quienes están demostrando una falta absoluta de respeto a la voluntad popular mayoritaria expresada democráticamente en las urnas".
El éxito de la manifestación se produce un día después de que el Gobierno valenciano que preside Francisco Camps se reuniera de urgencia para acusar al Ejecutivo de José Luís Rodríguez Zapatero de estar atacando la autonomía de los valencianos por recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley autonómico que levanta la protección urbanística al barrio.
A principios de mes, el Ministerio de Cultura dictaminó que el plan urbanístico, con el derribo de más de 450 edificios, implica un expolio al patrimonio histórico del barrio, por lo que exigió que se modifique. El Consell de Camps reaccionó con un decreto ley que niega la destrucción del patrimonio y da vía libre al proyecto tal y como lo defiende Barberá. La decisión del Gobierno de recurrir ante el Constitucional el decreto ley valenciano dejará de nuevo en suspenso un proyecto que no ha dejado de generar polémica desde que lo aprobó el gobierno local del PP en 2001.
